RESEÑA HISTORICA DE LA PROFESIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y SEGURIDAD EN PANAMÁ
L os primeros antecedentes oficiales de la profesión de Investigación Criminal en la República de Panamá, datan desde la promulgación de la Ley 72 de 1941, que creó el Cuerpo de Policía Secreta Nacional, bajo la jefatura del entonces Presidente de la República Dr. Arnulfo Arias Madrid y bajo la dirección inmediata del Ministerio de Gobierno y Justicia de aquella época, aquello como una especie de organismo independiente de la Policía Nacional, que contemplaba la misión de la persecución e investigación de las infracciones a las leyes, con el fin de descubrir autores, cómplices encubridores y ponerlos a órdenes de la autoridad competente.
El Cuerpo de Policía Secreta Nacional, también contempló entre sus funciones la facultad de aportar las pruebas necesarias para probar la responsabilidad de los infractores, la competencia de prevenir atentados en contra de las instituciones del Estado y la misión de proteger la seguridad nacional, naciendo de esta manera en Panamá un primer organismo enfocado en el auxilio a la justicia en lo que a investigación criminal se refiere.
Consecuentemente, para los años 1960, bajo el gobierno del presidente Roberto Chiari, se dispuso el Decreto Ley 12, el cual derogó al Cuerpo de Policía Secreta y creó el Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) como una dependencia del Ministerio Público. Aquello, bajo la consideración de que dicho organismo de investigaciones debía estar apartado de todo sectarismo político y que los actos de investigación y vigilancia están íntimamente relacionados con las atribuciones que la Constitución política le otorga al Ministerio Publico. Todo esto, bajo la premisa de que aquello implicaría la eficacia de las investigaciones y valorización de los resultados, así como mayor coordinación entre los investigadores y Agentes del Ministerio Público.
Posteriormente, la Ley 16 de 1961, separó al DENI del Ministerio Público y lo subordina como una dependencia de la Presidencia de la República. Entre las competencias que se le encomiendan al DENI, estaban la de investigación preliminar de los delitos sobre la base de diligencias y practica de pruebas, colaborar con las autoridades en investigaciones de actividades de personas que atenten contra la seguridad del Estado y el régimen democrático, vigilar instalaciones y establecimientos, cooperar con autoridades nacionales e internacionales en la investigación de los delitos. De igual manera, El DENI tenía la labor de expedir certificados de conductas basados en pruebas documentales de infracciones penadas que reposan en los archivos, así como la de mantener en estricto orden los gabinetes archivos e identificación personal.
De esta forma EL DENI, post golpe de Estado de 1968, perduro como organismo de Investigación durante unos treinta años más, como estructura de la Guardia Nacional y como aparato de inteligencia y contrainteligencia del régimen militar. Eso hasta la invasión del ejército norteamericano, que como sabemos puso fin a las fuerzas militares del régimen.
Post invasión y ya instaurado un nuevo gobierno democrático a cargo del Presidente Guillermo Endara Galimany, se expidió la Ley 16 del 9 de julio de 1991, la cual crea La Policía Técnica Judicial (PTJ) como una Institución dependiente de la dirección, vigilancia y control de la Procuraduría General de la Nación, constituyéndose de esta forma en un cuerpo auxiliar del Ministerio Público y del Órgano Judicial, en la investigación, enjuiciamiento y sanción de los delitos, sus autores y participantes, así como en el cumplimiento de las órdenes de las autoridades competentes.
Posteriormente, en el año 2007 y bajo el gobierno del presidente de la Republica Martin Torrijos Espino, se promulga La ley 69, que extingue la Policía Técnica Judicial y simultáneamente crea la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) como una dirección de la Policía Nacional. La Ley en mención también transfiere los servicios periciales y laboratorios de Ciencias Forenses de la extinta PTJ a la subdirección de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, estructura que hasta la presente fecha se mantiene vigente.
En ese contexto es necesario dejar constancia que los antecedentes de la profesión de investigación criminal y seguridad, como oferta académica y universitaria, previo estudio e investigación del incremento de la criminalidad y violencia social, fue presentada al Consejo Académico de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) el 19 de diciembre de 2002, con la propuesta de crear la Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, siendo ampliamente sustentada y discutida en presencia de los señores delegados del consejo, quienes luego de constatar el diseño curricular del plan de estudio y la adecuada organización académica, resolvieron mediante Acuerdo N°04 del 17 de enero de 2003, aprobar la licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad y su correspondiente Plan de Estudio.
Constituyéndose de esta forma la Universidad Especializada de las Américas en la primera Universidad Panameña en preparar y otorgar títulos a nivel de técnico y licenciatura universitaria en Investigación Criminal y Seguridad, destinada en aquel entonces preferentemente a aquellos funcionarios que ejercían cargos dentro de la Policía Nacional y la Policía Técnica Judicial.
Posteriormente fue presentado ante la Asamblea Nacional el anteproyecto de Ley 417 de 2016, proponiendo a través de este, la regulación de la profesión de Investigación Criminal y Seguridad en Panamá. La exposición de motivos del anteproyecto hizo referencia primeramente a la evolución histórica e institucional que experimentó el país en materia de Investigación Criminal, describiendo antecedentes remotos que datan desde la Ley 72 de 1941 que creó el Cuerpo de Policía Secreta Nacional, el Decreto Ley 12 de 1960 que creó el Departamento Nacional de Investigaciones, La Ley 16 de 1991, que aprobó la Ley orgánica de la Policía Técnica Judicial, y antecedentes más actuales como la Ley 69 de 2007, por la cual se crea la Dirección de Investigación judicial en la Policía Nacional y se adscriben los servicios de Criminalística al Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses.Por tal motivo, el anteproyecto de ley en mención, hizo énfasis en que la Universidad Especializada de las Américas, al crear la profesión de Investigación Criminal y Seguridad, buscaba entre otras cosas “Coadyuvar a las investigaciones, dados los incrementos de los casos de homicidios y de investigaciones relacionadas con averiguación de causales de muerte, muchas de ellas sin respuestas apropiadas, de parte del personal pericial y las instituciones de seguridad pública; buscando enriquecer el aporte pericial al Proceso Judicial, con miras a la profesionalización y especialización del recurso humano acorde con las necesidades existentes.
De ahí a que dicho anteproyecto de ley, solicitara el voto favorable a la Asamblea Nacional, bajo el siguiente criterio: “La investigación criminal necesita ser rigurosa, partiendo desde la recolección del material probatorio en el lugar de los hechos y extendiéndose en lo que comprende la cadena de custodia hasta la etapa de juicio, situación que puede ser determinante en la futura aceptación del material probatorio por parte del Juez, para tenerse como prueba en la etapa de juicio” sic
A partir de ello, el referido anteproyecto de Ley 417 de 2016, fue debidamente prohijado y aprobado en los respectivos debates dentro de la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, así como ante el pleno de la Asamblea Nacional, para posteriormente ser sancionado por el Órgano Ejecutivo como Ley 15 del 20 de febrero de 2018, regulándose desde ese momento en Panamá, la profesión de Investigación Criminal y Seguridad.
En el mismo orden de ideas, es imperativo indicar que, durante la sesión del 5 de diciembre de 2017, la Universidad Autónoma de Chiriquí, mediante el Acuerdo del Consejo Académico N°. 18. También, aprobó la Licenciatura de Investigación Criminal y Seguridad, dentro de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Constituyéndose en la segunda Universidad del Estado, en preparar y otorgar el título Universitario de Investigación Criminal y Seguridad.
Por cuanto, desde el año 2007 a la actualidad, han egresado de las Universidades Oficiales, cientos de profesionales egresados, con el Técnico y grado de Licenciado en Investigación Criminal y Seguridad, muchos de los cuales se desempeñan en el ámbito público y privado ejerciendo funciones al servicio de la sociedad.
En virtud de ello, un grupo de investigadores, con el afán de constituir una institución gremial representativa de la profesión, fundan el 05 de mayo de 2018 el Colegio Nacional de Investigación Criminal y Seguridad (CNICS) como una organización sin fines de lucro, (RES-332-PJ-332-2018). Naciendo de esta forma el primer gremio del país en representar legítimamente los intereses de la profesión de Investigación Criminal y Seguridad cuya principal misión radica en propiciar el progreso gremial, servir de vínculo de unión entre los profesionales y defender la seguridad jurídica que otorga la ley 15 de 2018.